Toda
comunidad cristiana tiene el derecho de beneficiarse de las leyes y servicios
que le ofrece el Estado con miras a la consolidación del bien común en
organizaciones que reconocidas y autorizadas por el Gobierno pagan los tributos
correspondientes. No hacer uso de estas herramientas es sinónimo de
prevaricación, puesto que “al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es
pecado” (Stg.4.17; Mt.25. 41-46). Sería como el siervo de la parábola que por
miedo o negligencia escondió su talento sin que rindiera algún provecho
(MT.25.14-30).
Debemos,
pues, organizarnos como verdaderos miembros del Cuerpo de Cristo para reclamar
tales derechos, y no esperar vivir, por desgracia, bajo gobiernos que persigan,
torturen y maten a los devotos cristianos y sean llenados nuestros cementerios
con mártires que abrieron sus brazos a la muerte pero no a la vida y a la
libertad cuando pudieron hacerlo.
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